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En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz queremos centrarnos en el impulso a los programas de atención efectiva a las víctimas del conflicto armado. Buscamos la efectiva reparación a los 8.3 millones de víctimas, a quienes deben garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición y a la reparación. Por ello, trabajaremos fuertemente por la devolución de las tierras arrebatadas a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, por parte de los actores violentos del conflicto.

 

Apoyaremos planes justos de formalización de la propiedad rural de las cerca de 7 millones de hectáreas en manos de campesinos colonos que no tienen títulos de propiedad. Esto será vital para construir la paz en los territorios, sobre todo si se tiene en cuenta que, hasta ahora, no se ha entregado una sola hectárea para beneficiar a las familias víctimas de la confrontación armada.

 

También respaldaremos la aprobación y financiación eficiente de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que beneficiarían a 170 municipios en los cuales se vivió el conflicto de manera intensa en los últimos cincuenta años, así como la construcción de puestos de salud, escuelas, y un plan de construcción de vías terciarias, que buscan desarrollar la dotación de bienes públicos en estas regiones azotadas por el conflicto, teniendo como principio rector la redignificación de las víctimas y la no intervención doctrinal de los excombatientes armados ilegales. Lo anterior es fundamental pues, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha destinado los recursos necesarios en el Presupuesto Nacional para su adecuada implementación.

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